Después de dos o tres años que no paramos todo el día, vamos de terapia en terapia y estimulación para nuestros hij@s, y también como papás comenzamos a asimilar a la discapacidad como parte de nuestra vida, es entonces cuando hacemos un alto, nos detenemos y nos cuestionamos qué es lo que sigue para ellos. Quizá muchos de nosotros hubiéramos seguido un buen tiempo en ese modo de vida pero de pronto, la familia, los amigos y hasta los mismos terapeutas nos preguntan, “¿y la escuela, para cuándo?”. Volvemos a tomar aire, respiramos y entramos nuevamente a ese túnel negro que poco a poco se transformaba en diferentes colores porque ya teníamos medio controlado el camino del día a día. Otra vez, nuestro caminar se convierte en incierto, temible y muchas de la veces agotador.
Creo que cuando llegamos a ese punto es bueno saber qué derechos tienen nuestros hijos frente el tema de las escuelas, la inclusión y todo lo relacionado con la educación.
Según la ENADIS del 2010 (Encuesta Nacional de Discriminación en México) 7 personas de cada 10 creen que no se respetan los derechos de las personas con discapacidad, o solo en parte. Una cifra que desde luego nos indica que falta mucho camino por recorrer en materia de no discriminación frente a las personas con discapacidad.
La educación para niños y niñas con discapacidad es un derecho que debe ejercerse libremente y en igualdad de condiciones. Es responsabilidad de las autoridades velar por que se de cumplimiento pleno a lo que establece el marco legal respectivo.
El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la propia Ley General de Educación, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad son las normas que protegen a los niñ@s con discapacidad frente cualquier acto u omisión que se realice en materia educativa.
No obstante, sabemos que la realidad supera la norma y desafortunadamente todavía falta mucho por hacer válidos, armonizar y respetar los derechos de las personas con discapacidad. Sobre todo, hay que aterrizar esos derechos y traducirlos en políticas públicas que favorezcan y no discriminen a este sector de la población.
Hace algunas décadas el modelo educativo estaba direccionado a la educación especial. Posteriormente se transformó en educación de integración y hoy se promueve lo que llamamos educación incluyente. ¿Cuáles son las diferencias de estos tres modelos?. En realidad la educación especial fue concebida como una educación a modo en la que sólo asistían niñ@s con discapacidad de una manera aislada y sin convivir con niñ@s sin discapacidad. A finales del siglo pasado se comenzó la transformación de las políticas públicas y del marco legal al que estaban sujetas las personas con discapacidad, transitando de un modelo médico-asistencialista enfocada en el “déficit” o discapacidad de la persona a un modelo social y de derechos, centrado en las capacidades y habilidades de la persona. Ya no es lo que me “otorga” o “da” el Estado sino que la persona con discapacidad sólo por el hecho de ser persona tiene los mismos derechos que los demás.
Muchas de las veces confundimos a la integración con la inclusión. Aunque todavía hoy en día nuestra sociedad es más integradora, el objetivo es lograr una verdadera y plena inclusión a favor de las personas con discapacidad. Y, ¿cuál es la diferencia entre una y otra?
La integración significa que la persona con discapacidad es quien tiene que adaptarse al espacio, a la escuela, a la sociedad, a las barreras y circunstancias que le tocaron, sin una propia adecuación del entorno. La inclusión es cómo la sociedad sensibilizada es quien modifica el entorno, valora a la persona en su integridad, reconoce sus habilidades en la diversidad, elimina las barreras arquitectónicas, culturales y sociales para que no exista limitación para el ejercicio pleno de sus derechos.
Aunque actualmente por ley en las escuelas públicas pueden recibir a cualquier niño con alguna necesidad especial. La realidad es que la mayoría de las escuelas públicas o privadas no cuentan con una educación incluyente pues los propios planteles, el personal, el curriculum educativo, así como la propia comunidad no están capacitados ni sensibilizados con el tema de la discapacidad, por lo que es el alumno quien se tiene que adaptar a ese modelo.
Ha habido avances en todos los ámbitos, no debemos dejar de mencionarlos. Sin embargo, todavía falta mucho camino por andar para ese pleno reconocimiento del derecho a la educación incluyente. Por eso nos corresponde a nosotros como papás informar y enseñar a nuestro entorno, concientizar a quienes, no por falta de interés sino por desinformación, no se encuentran sensibilizados con la discapacidad.
La diversidad es un valor de reconocimiento, de respeto y de conciencia social que debe ir más allá de un salón de clases. Poco a poco debemos exigir sin presionar para que nuestro alrededor, nuestra propia comunidad sea la que transforme el ambiente. Quien ha vivido el ambiente de una escuela incluyente podrá estar de acuerdo conmigo; no sólo gana el niño que es aceptado en una escuela de inclusión, si no gana toda la comunidad. La diferencia nos enriquece a todos pues genera solidaridad, respeto, tolerancia, siempre nos enseña a ser mejores personas y, sobre todo, nos ayuda a construir un mundo más justo y más equitativo.
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